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29 Septiembre 2014

Jardines comunitarios: el rol de las mujeres y del Estado

Ante la polémica generada por la ley de la provincia de Buenos Aires que busca regular los jardines comunitarios, la mirada feminista puede contribuir al debate poniendo énfasis en la responsabilidad del Estado en relación con el derecho al cuidado y visibilizar el rol de las mujeres en los espacios comunitarios.

La Ley Marco Regulatorio de las Instituciones Educativas Comunitarias de Nivel Inicial, sancionado por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires el pasado diez de septiembre, ha abierto una interesante polémica. Nuevamente, la mirada feminista puede aportar a develar dilemas, mitos y problemáticas que parecen resurgir vinculados con el derecho al cuidado y a la educación, la intervención del Estado, el lugar de las organizaciones comunitarias y el trabajo de las mujeres.

Algunos medios de comunicación denunciaron la “improvisación” en la creación de los jardines comunitarios cuando el surgimiento de estos espacios –algunos de los cuales cuentan con trayectoria de treinta años de trabajo- responde a muchas causas. Entre ellas se encuentran: el deterioro de las condiciones de vida de la población y las demandas de cuidado de muchas familias que no tienen acceso a instituciones educativas de gestión estatal. No obstante, también han sido una respuesta impulsada por la misma población en los barrios a través de organizaciones sociales con una fuerte identidad territorial: movimientos sociales, fábricas recuperadas, grupos de vecinas auto gestionadas, mujeres cuidadoras que atendieron las demandas de sus comunidades.

Parte de la discusión estuvo centrada en la “dudosa” idoneidad y capacidad de trabajadoras que hace años se desempeñan en los jardines comunitarios en calidad de: cuidadoras, referentes, auxiliares, educadoras, cocineras y –en algunos casos- maestras con título. La falsa polémica nos conduce nuevamente a negar el rol protagónico que desempeñaron -de manera casi exclusiva- en las estrategias de sobrevivencia de sus comunidades. Este trabajo comunitario liderado y sostenido por las mujeres en los barrios ha sido el que ha absorbido, en parte, los costos sociales de los años de ajuste social. No está de más recordar que dicho trabajo se efectuó sin ningún reconocimiento económico y social.

Si bien existen grandes incertidumbres en torno a cómo se implementará el proceso de capacitación a este grupo tan heterogéneo y diverso de trabajadoras (en materia de presupuesto, de derivación de “autoridad de aplicación” aún no designada) lo cierto es que este proyecto viene a intentar llenar un gran vacío en materia de capacitación y profesionalización de este trabajo. Este proyecto es una oportunidad para visibilizar y jerarquizar un trabajo que efectúan las mujeres hace largos años y que ha permanecido invisibilizado hasta la fecha.

Como destaca una investigación efectuada por ELA, ADC y CIEPP en el marco del proyecto El Cuidado en la Agenda Pública, un común denominador en este grupo heterogéneo de trabajadoras son las expectativas de profesionalización y de capacitación. La profesionalización permite una mayor capacidad de autovaloración de la tarea y autoconfianza por parte de las trabajadoras, una mejora en los servicios y también una mayor jerarquización de todas aquellas actividades que estén vinculadas con el cuidado y la educación de la primera infancia. Y esto sucede independientemente del ámbito en el cual se efectúe.

Otro elemento interesante de la discusión que ha abierto este proyecto de Ley es el lugar del Estado en relación con el cuidado y la educación. El Estado cumple un rol central en la regulación de los servicios educativos y de cuidado.  En este sentido, es una buena noticia el hecho de que exista una intencionalidad en dar respuesta estatal a este gran vacío legal y normativo. De hecho, el Estado argentino ya había reconocido a través de la Ley de Educación del año 2006 que el sistema educativo se encuentra integrado por servicios de gestión estatal, privada y de gestión cooperativa y social.

Avanzar en una regulación que reconozca a estos jardines y a sus trabajadoras es un primer paso también hacia una mayor integración del sistema educativo. Como destacan ELA, ADC y CIEPP en la investigación previamente mencionada, hoy existe una fragmentación entre distintos sectores y subsectores: en el sistema educativo del nivel inicial de gestión estatal y privada; los diversos  programas de atención integral para niños y adolescentes; y el espacio comunitario. Una adecuada regulación de estas  iniciativas permitiría una mayor integración y una menor distancia entre distintas ofertas que atienden demandas de familias diversas.

Quedan pendientes diversos interrogantes. Algunos más vinculados al proceso más adecuado bajo el cual se puede llevar este proceso. Los jardines comunitarios son diversos tanto en lo que respecta a la infraestructura con la que disponen, la trayectoria organizativa, el nivel de capacitación de sus trabajadoras, sus concepciones ideológicas. También sería importante preguntarse cómo el Estado va a respetar esta diversidad que forma parte de las identidades de los jardines comunitarios que a lo largo de estos años han construido un discurso educativo propio y diverso.

Carla Zibecchi
Investigadora CONICET, socia del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

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